Nuevamente la AMAP debe manifestar su profunda preocupación y su categórico rechazo ante otro intento de avance de los legisladores sobre las incumbencias médicas
Nuevamente la AMAP debe manifestar su profunda preocupación y su categórico rechazo ante otro intento de avance de los legisladores sobre las incumbencias médicas. En esta oportunidad, la Cámara de Diputados aprobó el 23 de abril, y giró al Senado un proyecto de ley acordado entre oficialismo y oposición que amplía las atribuciones del ejercicio profesional de la obstetricia, y autoriza a las obstétricas a prescribir métodos anticonceptivos y realizar intervenciones relacionadas con ellos, incluyendo la colocación y extracción de los de larga duración.
Parece necesario aclarar que las incumbencias de las profesiones vinculadas a la salud están establecidas tanto por la CONEAU como por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Ley 17132 de Ejercicio de la Medicina. Según las normativas vigentes los médicos son los únicos habilitados a “prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso diagnóstico o pronóstico”; “planear, programar o ejecutar las acciones tendientes a la preservación, tratamiento y recuperación de la salud…”. Sin embargo, el proyecto de ley continúa con el avasallamiento de estas normas y señala que las obstétricas podrán brindar asistencia en etapa preconcepcional, incluyendo solicitud de estudios, indicación de vacunas según calendario nacional vigente, indicación de medicamentos de acuerdo al vademécum obstétrico vigente y pautas según protocolos de atención. Y les brinda la posibilidad de “indicar e interpretar análisis de laboratorio, diagnóstico por imágenes y estudios complementarios relacionados con el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las personas en pre, durante y post eventos obstétricos de bajo riesgo”.
Los legisladores no pueden tener injerencia sobre este tema. No cuentan con los conocimientos adecuados ni con las competencias correspondientes. Muchos de ellos creen que a partir de un “pensamiento mágico” las prácticas médicas pueden modificarse con la promulgación de leyes que no son otra cosa que una clara intromisión en nuestro trabajo. Estas disposiciones pasan por alto desde protocolos médicos hasta normativas ministeriales y conocimientos científicos. Nos resta preguntarnos si estos proyectos prosperan por desconocimiento, incompetencia o por las posturas falso progresistas.
Desde algunos sectores, a partir de la aprobación de esta norma, se pretende hacer una cuestión de género. Como si algo tuvieran que ver las incumbencias profesionales de los médicos con el sexo de quien ejerce la medicina. Es como afirmar que una abogada por su condición de mujer puede firmar un balance comercial. Nada más alejado, esto es indudablemente una cuestión de conocimientos, formación, aptitudes, competencias y sobre todo INCUMBENCIAS, pero nunca de género.
Es necesario recordar que el médico cuenta con una formación universitaria integral, que lo ha capacitado para evaluar a la persona en conjunto y por ello, le ha asignado determinadas incumbencias propias del título de médico que no pueden ser delegadas a profesionales con una formación más acotada.
Concluimos entonces que la asignación de incumbencias propias de los médicos a las obstétricas, resulta ilegal e inconstitucional por vulnerar el régimen federal de gobierno y el orden jerárquico de normas.
La AMAP advierte a los legisladores sobre la enorme responsabilidad que les cabe a la hora de dar viabilidad a estos proyectos que colocan al ejercicio de obstetricia en un marco de ilegalidad, que pone en riesgo la salud de la población en general, exponiendo a las mujeres a un régimen de riesgo en la atención de su salud, cuando ello es absolutamente innecesario por contar con médicos capacitados y en cantidad suficiente para cubrir la demanda de atención de ese sector de la población.
Finalmente, creemos que este tipo de iniciativas forman parte de lo que desde la AMAP llamamos banalización de la medicina (darle un carácter trivial, común, insustancial). En este marco, personas ajenas a nuestra profesión sin conocimientos, experticia ni incumbencias toman decisiones, que poco tienen que ver con la salud, por el contrario, son determinaciones que claramente se basan en la falta de sapiencia y persiguen, en general, fines económicos.