El Gobierno nacional ha presionado al sector sindical para modificar los CCT, pero la verdadera intención ha sido transformar las leyes laborales y quitar los beneficios logrados por los trabajadores / Por el Dr. Héctor Garín, secretario General AMAP
Desde las autoridades nacionales se ha ejercido una presión muy fuerte hacia el sector sindical para modificar los convenios colectivos colectivos de trabajo, que en muchos casos tienen una vigencia de hace más de tres o cuatro décadas. Detrás de esto, la verdadera intención es transformar el plexo normativo de todas las leyes laborales, que se gestaron hace ya mucho tiempo, y que tienen por objetivo fundamental la protección del trabajador y de sus derechos.
La devaluada Secretaría de Trabajo estuvo luchando para modificar las leyes de Contrato de Trabajo, la de Asociaciones Sindicales y la de Convenios Colectivos. Por su parte, la dirigencia sindical ha aceptado que es necesario hacer algunos cambios en estos pactos laborales pero sin alterar la actual Ley de Contrato de Trabajo. No obstante, la adecuación debería realizarse con mucha cautela para no perjudicar a los trabajadores.
Somos conscientes de que algunos CCT datan de 45 años atrás, de que hoy existen otras formas de trabajo y otra manera de organizar los cargos. La realidad es que hay que hacer modificaciones, pero una cosa es cambiar los CCT, y otra, es transformar las leyes laborales y quitar los beneficios logrados por los trabajadores. El Gobierno saliente pretendía que los CCT dejaran de negociarse por sindicato o por cámara y se firmarán por empresa. Justamente, la fortaleza del CCT fue la de amalgamar los intereses, voluntades y derechos de colectivos importante de trabajadores, y esto, por supuesto, a muchos de los que están en la vereda de enfrente – sector empresario- les molesta.
Numerosos problemas en nuestro país han sido paliados de alguna forma con el sentido común de los trabajadores y del sindicalismo. Lo hemos vivido a mediados de la década de 1980, durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, cuando la situación era más que compleja y aun así los hospitales continuaron funcionando gracias al apoyo y acompañamiento de los trabajadores. Más allá de no tener aumento de sueldo, ante la falta de insumos y de que las condiciones laborales no eran las mejores; ningún centro de salud cerró y nadie dejó de recibir atención. Eso se logró por los trabajadores de la salud; en otras ramas pasó exactamente igual.
Luz de alerta
La mayoría de los secretarios generales de los gremios de base han manifestado su aprobación a las modificaciones de los CCT, y a nosotros también nos parece correcto, más allá de que nuestros acuerdos son mucho más actuales; pero otra cosa muy diferente es suprimir la legislación que protege al trabajador o cambiar las leyes laborales con el propósito de que se pierdan conquistas por las que tanto se ha luchado, y que han costado incluso las vidas de muchas personas.
Siempre está latente el miedo a perder lo conseguido hasta el momento. A la AMAP le llevó tres años conseguir la firma de un convenio mientras que a otros gremios más de diez. Cuando el sector patronal pretende dar de baja alguno de esos CCT, la luz de alerta se enciende porque no existe obligación de firmar uno nuevo y el riesgo es que se pongan condiciones con las que no se está de acuerdo para lograr suscribir un nuevo acuerdo. Por esta razón, las modificaciones deben hacerse paulatinamente. Suscribir un convenio colectivo de trabajo implica mucho tiempo y esfuerzo, y si no está asegurada la continuidad, hay que pensar dos veces antes de realizar cualquier acción.
A estas alturas consideramos que no hay posibilidades de modificar las leyes laborales; en cuanto a los convenios, por ejemplo, si fuera necesario actualizar el que la AMAP firmó con Adecra de 2011, iremos aggiornando o modificando lentamente los artículos del convenio ya firmado y no generando uno nuevo.
Avasallamiento de los derechos sindicales
Paralelamente, a esas intenciones de ir contra la legislación laboral, se registraron medidas tendientes a reducir los derechos de los sindicalistas, las llamadas tutelas sindicales. En Chubut, por ejemplo, se han cuestionado las licencias gremiales, aduciendo que solo corresponden a los secretarios generales de cada uno de los sindicatos debidamente reconocidos y no los delegados. Esto nos da la pauta de que las autoridades del Ministerio de Trabajo provincial no reconocen las leyes laborales, que son nacionales.
Lo que indica la legislación es que todos los sindicalistas pueden obtener un permiso gremial, que se concede para desarrollar una determinada actividad en una fecha y horario establecido. Por ejemplo, la AMAP podría asignar a un médico para que se ocupe de una tarea específica, y las autoridades están obligadas al conceder autorización.
Cuando se habla de permisos gremiales, el pago del salario del delegado es por ley responsabilidad de la empresa. Lo que no debería generar ningún tipo de discusión. En el caso de las licencias gremiales, el sindicato debe hacerse cargo del pago de este beneficio. Las autoridades de Chubut no pueden modificar la ley, la posibilidad de hacer uso de una licencia gremial es para cualquier sindicalista con tutela sindical y no solo para los secretarios gremiales.
Aunque no correspondiera, algo aceptado por muchísimo tiempo no puede ser revocado sin acuerdo previo con el sindicato.