En un extenso artículo, nuestro secretario General, Dr. Héctor Garín, analiza las reformas necesarias para lograr un sistema de salud más justo y equitativo que logré la complementación de todos los sectores
La pandemia dejó al descubierto para toda la sociedad las falencias crónicas del sistema de salud argentino. Por otra parte, la sobreexigencia tanto hacia las instituciones como los miembros del equipo médico aceleró un debate relegado. Hoy, se instaló en la agenda política una necesaria reformulación de nuestro sector en términos de su organización, financiación y rol de los profesionales de la salud, cuya labor alcanzó inéditos niveles de exposición social durante este casi año y medio.
Ya hace muchos años la AMAP señaló la imperiosa necesidad de mejorar el sistema de salud. La idea era convocar a todos los actores con el fin de trabajar específicamente sobre este tema, el tiempo que fuera necesario. Así laboratorios, sindicatos médicos y de trabajadores de la salud, empresas, clínicas, economistas, obras sociales sindicales, otras instituciones y representantes de pacientes, podrían consensuar un proyecto. Pero esta iniciativa siempre quedó sin concretarse porque ninguno de los actores –sobre todo los económicamente más poderosos- quiere declinar nada. No hay voluntad de renunciar a ganancias desmedidas o privilegios injustos.
El Estado tiene que tener una participación muy importante en este proceso. No se puede admitir que el gasto en salud siempre crezca en el mismo sentido: laboratorios de medicamentos. Es responsabilidad del Estado regular esto, y no del paciente que en el mejor de los casos logra acceder a un descuento en la compra de sus medicamentos.
La complementación del sistema
Para avanzar hacia una innovación es imperioso intentar algún tipo de complementación de todos los subsistemas. Hoy, existe una enorme desarticulación en un ámbito muy fragmentado. El gasto en salud puede parecer alto pero se diluye porque se concentra en manos de muy pocos, que se enriquecen e imponen una mirada excluyentemente económica porque para ellos la salud es puro negocio. Para nuestro sindicato no es un negocio, es un derecho. Un derecho humano y constitucional y, por lo tanto, una obligación del Estado, que si no interviene y hace valerlo, difícilmente pueda lograrse algún tipo de complementación. Por otra parte, el Estado debería aprovechar la capacidad de nuestro país para producir medicamentos y tecnología públicos, que realizados a gran escala contribuirían a un abaratamiento y a una distribución más justa.
Desde hace muchos años contamos con un sistema muy fraccionado en diferentes subsectores, como el público, privado y de la seguridad social. En este punto no se puede dejar de mencionar al PAMI y las ART que intervienen en la formación de precios, insumen parte del presupuesto en salud, atienden a millones de pacientes y disponen de numerosos prestadores. Por otra parte, el sistema cuenta con diferentes niveles (nacional, provincial, municipal), y al mismo tiempo existe la imposibilidad en algunos casos de administrar adecuadamente el gasto. Por eso hablamos de la necesidad de una complementación, pero hay que dejar claro que la complementación del sistema de salud no implica la desaparición de ningún subsistema.
El planteo de reformulación se da en un momento muy sensible en el que hemos debido enfrentar una crisis epidemiológica y en una situación muy particular cuando la población ha tomado conciencia por primera vez de que es imperioso contar con resortes más justos y equitativos. Si bien todavía no hay una propuesta concreta, ya se oponen todos los que tienen algo que perder.
El centro de la modificación tiene que ver con enfrentar la segmentación, la fragmentación y la desarticulación. Y con la necesidad de hacer más racional el gasto en salud que, como decía el Dr. Ramón Carrillo, requiere trabajar fuertemente en la órbita social para proveer agua corriente, cloacas, vivienda, educación; y se relaciona, también, con la prevención, reparación y la rehabilitación. La prevención es una inversión que redunda en evitar la enfermedad y en reducir los costos, mientras que la reparación y la rehabilitación son una erogación. La rehabilitación es un área que hay que redimensionar porque la población vive cada vez más, y si no existe un Estado que regule esta área, el gasto va incrementarse cada más.
Un tema que siempre se soslaya es la judicialización de la medicina. A la industria del juicio por presunta mala praxis, se sumaron los amparos que han interferido en las decisiones médicas. Muchos jueces sin tener ningún conocimiento en el que basarse, ni medir, creemos, las consecuencias de sus decisiones, presionan a los sistemas de salud y los obligan así a realizar gastos extraordinarios sin beneficios reales para los pacientes. En este punto, es clave que el Estado que tiene un alto presupuesto, que regula las obras sociales a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, se haga cargo de financiar la atención de las enfermedades de alto costo y baja incidencia, porque las obras sociales y prepagas pequeñas no pueden afrontar esa situación, y muchas quiebran. El Estado tiene la obligación de regular el mercado y el uso del dinero en salud.
Es importante remarcar que los presupuestos en salud bajaron notablemente en los últimos cinco años. Por ejemplo en la CABA a inicios de la década de 1990, Salud tenía el 27% y Educación más del 30% (era el mayor presupuesto de la ciudad). Hoy, en cambio, de acuerdo a cifras oficiales, están en un 14% y un poco más de 17% respectivamente. Existe la obligación reconsiderar esos presupuestos porque así es muy difícil garantizar niveles altos de cobertura y de calidad asistencial.
El recurso humano, la variable de ajuste
La remuneración del equipo de salud debe contemplarse en esta modificación integral. Ya que cada vez que se recorta el presupuesto, aumentan los gastos en tecnología y medicamentos y crece la expectativa de vida que hace que los pacientes requieran mayor atención durante más años, la única variante que encuentra todo el sistema de salud para ajustar su financiación es el salario del equipo médico. Cualquier plan de salud tiene que tener en cuenta que el recurso humano tiene que dejar de ser la variable económica de la reducción del presupuesto sanitario. Otro tema fundamental son las condiciones laborales. El 95% de los médicos que trabajan en las provincias lo hacen de manera irregular. Es clave que los colegas cuenten con un empleo registrado y con salarios dignos, que deberían ser diferenciados según la zona en que se desempeñan.
Para conseguir plasmar una transformación, se debe actuar sobre la situación de empleo de los colegas, luchando contra el trabajo indigno para que puedan tener derechos laborales como vacaciones, licencias por enfermedad, obra social y jubilación digna. Asimismo, para que el médico pueda formarse y que esto se traduzca en mejorar la calidad de atención, es importante revertir la actual realidad del pluriempleo, que reduce los tiempos de los profesionales para estudiar y capacitarse. Hoy, son “golondrinas”. Van de un trabajo a otro, sin pausa ni descanso.
La situación es de tal inequidad que parte de la ganancia del empresario está dada por la magra remuneración (y en negro) de médicos y equipo. El Estado Nacional y los Estados provinciales deben ponerse de acuerdo para poner fin a esta circunstancia. Si esto no ocurre, lamentablemente, no hay posibilidad de una renovación real.
Hemos sido testigos de la hipocresía de muchos sectores, que aplaudían a los médicos pero que se niegan a negociar un salario mejor, ni quieren sentarse en paritarias a discutir sueldos adecuados.
Los sindicatos médicos no hemos sido convocados para discutir la reforma del sector salud. Sus dirigentes tienen que ser parte de este debate, ya que la precarización y el pluriempleo impiden al colega vivir decorosamente. Es necesario contar con un trabajo (y no con cinco) que permita llevar adelante una vida digna, disponer de tiempos y recursos para capacitarse, y con espacios para el ocio. Hoy, vivimos en la antítesis: hace más de cuatrocientos días que se trabaja denodadamente, sin descanso, con una pérdida notable de la capacidad económica. Si no se reformula el sistema, los médicos están condenados a ser la variable de ajuste de un sistema perverso.
Pensar una verdadera transformación
En síntesis, para resolver estas problemática es necesario que los empresarios bajen los niveles de voracidad económica y que los funcionarios públicos tengan un interés real, y estén dispuestos a escuchar a los dirigentes médicos. Los líderes de los diferentes grupos deben tener mayor humildad para entender que no saben todo, y que hay que dar participación a todos los sectores.
Este es el momento oportuno para pensar una verdadera transformación, que logre la tan mentada complementación, pueda abaratar los costos y obtenga una distribución del gasto más igualitaria. Se trata de una cuestión que excede a los actores e involucra a la ciudadanía. El debate debe darse en un marco de seriedad con una discusión en profundidad, que seguramente tocara intereses. No hay otro camino, no hay otra solución que repensar el sistema de salud bajo la premisa inevitable de que los más poderosos deben resignar algo para alcanzar una verdadera complementación que asegure equidad, igualdad y oportunidad en la atención médica, que perdure y que beneficie a la población.