Desmantelando el sistema de salud: El impacto del DNU 70/2023 y la Ley Bases en las obras sociales
Desde el dictado del DNU 70/2023 por el presidente Milei, el gobierno viene adoptando sucesivas medidas en perjuicio del sistema de salud de nuestro país que afectan negativamente a sus beneficiarios y a los actores del sistema sanitario tal como vienen denunciando numerosas organizaciones entre las que destacamos al grupo Ofensiva Nacional Democrática (OND).
Vulneración del sistema de obras sociales sindicales
El DNU 70/2023 permitió la incorporación al Sistema Nacional del Seguro de Salud de las empresas de salud privadas de la medicina prepaga (EMP) que lo solicitaran, imponiendo una competencia entre las obras sociales sindicales (con fines solidarios) y las empresas de medicina prepaga -regidas por las leyes del libre mercado- (al estilo de la escuela austríaca-estadounidense), con evidentes fines mercantilistas.
Se dispuso, para ello, que los trabajadores, puedan elegir “libremente” el destino de sus aportes y contribuciones (establecidos por la Ley 23.660), pero por una “especial” Resolución 1/2025 de la Unidad de Gabinete de Asesores del 30/01/2025, se resolvió que la derivación de dichos aportes se efectúe de manera directa a las empresas de medicina prepaga. Esto es, si el trabajador figura en un padrón de una entidad de medicina prepaga inscripta en el nuevo Registro de Agentes del Seguro de Salud (que tiene un contrato prestacional con la obra social sindical) automáticamente deja de ser beneficiario de esta última y pasa a ser afiliado directo de la empresa de medicina prepaga. ¿Qué consecuencias genera esta resolución, firmada por un funcionario de segunda línea?:
- Una expropiación compulsiva de recursos a las obras sociales sindicales.
- La derivación de dichos recursos económicos directamente a las EMP
- La violación del sistema de libre elección de agentes de seguro de salud.
Si bien se arguye desde el gobierno que “supuestamente” bajarían los costos de las cuotas de afiliación y se mejorarían las prestaciones, estamos convencidos que todo esto esconde un objetivo real, cual es el ataque a las obras sociales sindicales y a los sindicatos, en beneficio del “nicho de negocios” que componen las empresas de salud privadas, porque como “complemento” de esta misma línea de acción, se liberó el valor de la cuota mensual que podrán cobrar las EMP a sus adherentes voluntarios.
La política económica gubernamental, incide en que la mayoría de los salarios pierdan poder adquisitivo y, consecuentemente, se reducen los ingresos de las obras sociales sindicales por aportes y contribuciones
Es indudable que, en este nuevo escenario, los trabajadores que por sus bajos ingresos no puedan pagar los mayores costos de las cuotas, quedarán fuera del sistema: los trabajadores en relación de dependencia (aportantes registrados), en progresiva disminución por el cierre sostenido de empresas, y cada vez más empobrecidos por las paritarias a la baja (por imposición del gobierno de no homologar aquellas que pretenden con justicia compensar el costo de vida real) serán atendidos por las obras sociales sindicales empobrecidas (desfinanciadas). Solo aquellos que tengan sueldos altos serán absorbidos por las EMP automáticamente, provocándose por segunda vez en la historia de nuestra salud pública el fenómeno de “descreme” de las OO.SS. (afiliado pobre queda en la obra social y el afiliado con mejor sueldo deriva sus aportes y se atiende en la prepaga) ; y los trabajadores informales (cuentapropistas y “emprendedores”), pasarán a ser atendidos (cuando no puedan pagarse una prepaga) por el sistema público, que ya se encuentra y estará cada vez más colapsado por la mayor demanda, y por una mayor carencia de recursos, debido al ajuste presupuestario del gobierno nacional, tanto en la salud como en las partidas provinciales (“motosierra”).
Nuevas regulaciones, o cómo perseguir obras sociales sindicales
Por DNU del presidente Milei, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) implementó “auditorías integrales” a varias obras sociales sindicales para justificar de manera subrepticia la intervención de varias de ellas. Lo grave es que en ninguno de los casos se instrumentó el sumario previo para que las entidades pudieran defenderse. Los supuestos incumplimientos que habrían detectado estas auditorías no alcanzarían para justificar una intervención, conforme la normativa vigente. En muchos casos, las obras sociales sindicales intervenidas desconocen cómo se están tramitando los expedientes que las involucran.
La propia SSS creó un Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes de Salud. Es la propia SSS quien realiza los informes preliminares a fin de determinar si la obra social debe ingresar en la condición de situación de crisis, y aprueba o rechaza el plan de contingencia que se les exige a las obras sociales sindicales al ser declaradas en esta situación. Y más grave aún: la SSS, determina unilateral y discrecionalmente si se cumplió o no el plan de contingencia, y resuelve si se da inicio al proceso de baja y liquidación.
Todo lo anterior nos lleva a colegir una estrategia sistemática de hostigamiento y debilitamiento patrimonial y operativo, en perjuicio de las obras sociales sindicales, prefacio de una estrategia mayor contra las organizaciones sindicales, en el marco de un modelo mercantilista inviable que necesita debilitar, neutralizar, o destruir, toda posibilidad de organización y solidaridad colectivas.
Por ello, es imperioso que tomemos conciencia, y nos organicemos para poner freno a estos procederes, defendiendo a las obras sociales sindicales, a los sindicatos, y la libertad sindical garantizada en nuestra Carta Magna, amenazada aquí y en muchos otros ámbitos.