La deuda que hace falta saldar con los médicos residentes, por el Dr. Héctor Garín

En su columna mensual de Infobae, el secretario General de AMAP manifiesta su preocupación sobre la situación actual de los residentes que trabajan sin un marco regulatorio que los ampare

Los cambios económicos y de organización de los sistemas de salud se han traducido en una sustancial modificación de los vínculos de los médicos con su entorno laboral. Ya no se trata de una profesión esencialmente liberal. Hoy los médicos se insertan en organizaciones empresariales que les son ajenas para desarrollar su actividad profesional.
El ejercicio de la medicina en relación de dependencia es casi absoluto en el sector público y cada vez más frecuente en el privado, en medio de la reticencia de las empresas de medicina en reconocer la realidad del vínculo laboral del médico.
De los 30 mil médicos que trabajan en clínicas, sanatorios, obras sociales, prepagas o servicios de ambulancias de la Ciudad de Buenos Aires, cerca de nueve mil, casi un tercio, están bajo un régimen de trabajo no registrado o monotributo: no acceden a los beneficios de un trabajador en relación de dependencia, como vacaciones, aguinaldo o licencias por enfermedad o maternidad, entre otros. La situación es mucho peor en las provincias.
El sistema de residencias como actividad de formación profesional de posgrado resulta de indudable utilidad para la capacitación y la formación del recurso humano médico, que es de interés del Estado y de la sociedad dada la innegable función social del médico en el ejercicio de su profesión..
En el ámbito público, el régimen de residencias y su vinculación con los establecimientos sanitarios donde se cursan está regulado por regímenes especiales. Todo lo contrario a lo que sucede en la actividad privada, donde hay una absoluta falta de regulación de las condiciones de trabajo del médico residente.
Es por estas razones que la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) ha elaborado un proyecto de ley que dé el necesario marco para atender la situación de un sector de trabajadores que en la enorme mayoría de los casos está sometido a jornadas de trabajo muy extensas, con escaso lapso de descanso diario, con una absoluta disparidad en las retribuciones tanto en sus montos como en la forma de contratación.
La relación del médico residente en el sector privado es sin dudas susceptible de encuadrarse como relación laboral. Ellos dedican la mayor parte de la jornada a la prestación de servicios de su profesión, están sujetos a órdenes y directivas dentro de una organización empresaria ajena. El propio régimen de dedicación exclusiva de las residencias médicas es demostrativo de la subordinación económica existente. Si bien el médico residente forma parte de un proceso de capacitación profesional, ello no es excluyente de la existencia de una relación de empleo.
Un residente es un profesional con matrícula para ejercer y aunque esté haciendo una capacitación para determinada especialidad, tiene todas las responsabilidades de un médico. Abundan los casos en los que a los residentes se les exige una jornada de 14 horas diarias y guardias de 24 horas, de modo tal que pueden llegar a trabajar cerca de 120 horas semanales cuando la ley de contrato de trabajo fija un límite de 48 horas. Esto significa que trabajan casi el triple que cualquier trabajador de otra actividad.
El proyecto de ley propuesto por AMAP establece las condiciones mínimas de labor en que los médicos deben realizar su formación de posgrado en el marco de las residencias médicas en establecimientos privados, con o sin fines de lucro, así como regular sus derechos como trabajadores con plena incorporación al régimen legal que rige a las relaciones de empleo privado en el ámbito nacional.
Prevé una jornada de trabajo que no exceda las 48 horas semanales, incluyendo la realización de guardias médicas previstas en el programa de residencias y que se asegure un período de descanso entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente de no menos de doce horas, entre otros puntos.
Muchas veces los aspirantes a una residencia médica afrontan entrevistas en las que sus calificaciones universitarias y sus aptitudes tienen una importancia relativa. A la empresa le interesa mucho más conocer la situación personal o familiar del aspirante. «Califican mejor» aquellos que son solteros o cuentan con recursos propios o de sus familias para sostenerse mientras cursan una residencia en la que se les ofrecerá un bajo salario.
La normativa que proponemos considera médico residente a todo aquel que forme parte de actividades realizadas en el marco de un programa de formación de posgrado bajo la modalidad de entrenamiento práctico asistencial para los establecimientos privados. De este modo se evitarán las situaciones de competencia desleal entre establecimientos que contratan residentes de formas absolutamente disímiles, utilizando a ese recurso humano como mano de obra barata.
En definitiva, se trata de hacer cumplir el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Nacional y, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. Son razones de justicia y equidad, así de sencillo.

Dr. Héctor Garín, columna escrita para el portal de Infobae publicada el 14 de febrero de 2017