Por el Dr. Héctor Garín, secretario General de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada / ¿A Alguien le preocupan los médicos del sector privado? Le respuesta parece ser “no”. Si vemos que aproximadamente el 50% de los médicos y personal de salud de la actividad privada no han sido vacunados.
Esto ocurre a pesar de que los colegas son parte del primer grupo en las prioridades establecidas por las autoridades y ser el colectivo con mayor exposición al virus. Sin olvidar que si el equipo de salud se enferma, la atención de la población se pone en riesgo.
Vacunar al personal sanitario es una cuestión de salud pública y debe ser priorizada. Lo mismo debería ocurrir con otros trabajadores esenciales como el personal de seguridad.
Con el fin de contribuir a solucionar esta situación y agilizar el proceso, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada mantuvo reuniones con los Ministerios de Salud de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para ser autorizada junto a la Federación Médica de la Capital Federal a aplicar la vacuna, no solo a médicos sino a todos los que son parte del equipo de salud. Sabemos que no hay cantidad suficiente aún pero, también, es cierto que ha habido en algunos casos problemas de organización.
El objetivo era ayudar a que los trabajadores de los efectores privados de la salud puedan ser inmunizados a la mayor brevedad posible. Mientras avanzaban las gestiones, se difundió la noticia de los llamados vacunatorios vip en el ámbito de la Nación, hecho que nuestro sindicato rechaza y repudia, pero al que se le dio un manejo inapropiado desde los medios de comunicación que tiño de dudas a todo el plan de vacunación. En el ámbito de la política, surgió la contracara, el contraataque: la denuncia ante la Justicia de la privatización de la vacunación en el Gobierno porteño. Es decir, quedamos en el medio de una pelea entre ministerios y decisiones de la Justicia. Una vez más la banalización de la medicina. Como dice nuestro amigo, el Dr. Eduardo López, cuando la salud y la política se pelean los que pierden son las personas, en este caso principalmente los integrantes del equipo de salud.
El resultado fue la politización y judicialización de una situación que en este contexto de la pandemia debería quedar al margen de estas disputas. Lo cierto es que el personal esencial por excelencia sigue en buena medida sin ser vacunado en medio de una pelea que nada tiene que ver con lo sanitario. Y no podemos dejar de mencionar a los medios de comunicación que encontraron en estos enfrentamientos una fuente de noticias inagotable, que ellos han alimentado, y muchas veces tergiversado. Han politizado un proceso de vacunación que no estaba politizado.
La decisión de los jueces que establecieron que el GCBA debe abstenerse de firmar nuevos convenios, deja en una situación de mayor vulnerabilidad a nuestros afiliados. Es inadmisible que el personal esencial no acceda a las vacunas por estas cuestiones.
La grieta llegó a la vacunas. Ministros y funcionarios que cruzan acusaciones para ver quien cometió la irregularidad más grande y en simultáneo lo verdaderamente importante se desdibuja. Tristemente, podemos decir que el dicho del Martín Fierro adquiere una nueva dimensión: “Si entre hermanos se pelean, los devora la pandemia”.